El 93,0% de las pymes españolas [916.000 empresas]  ha experimentado un retraso en los pagos de sus clientes en los últimos 3 meses.

En el tercer trimestre de 2011, el retraso medio en el pago se situó en torno a los 4,7 meses.

Las empresas señalan que los retrasos de pagos de sus clientes hace seis meses eran similares, y hace un año, levemente inferiores a los actuales.

El 14,8% [145.000] de las pymes que ha solicitado financiación externa ha recurrido a entidades especializadas para obtener cobertura contra riesgos de crédito, en el tercer trimestre de 2011.

El 71,4% [185.000] de las pymes que son proveedoras de la Administración Pública ha tenido problemas para efectuar el cobro.

Los problemas principales para materializar el cobro se han presentado con la Administración Local [47,6% de los casos], en segundo término con la Autonómica [39,0%] y, por último, con la Administración Central [19,0%].

El retraso medio en el cobro a los tres niveles de Administración Pública se sitúa
próximo a los 6 meses en promedio.

Evolución de la financiación bancaria a empresas.

El 65,1% de las pymes españolas [985.000], ha intentado acceder a financiación externa en el tercer trimestre de 2011

El 88,3% de esas pymes [869.000] ha tenido problemas para acceder a la financiación. De las pymes con problemas constatados para acceder a la
financiación, el 13,4% finalmente no ha obtenido financiación externa [111.000].

El principal motivo por el que se deniegan los créditos a las pymes es que las garantías son insuficientes.

Para el 36% [355.000] de las pymes que han acudido a entidades financieras en los últimos tres meses el  volumen de financiación  ofrecido por la entidad financiera se ha reducido.

Para el 69,5% [685.000] se ha incrementado el tipo de interés,

Para el  70,8% [697.000] los gastos y comisiones  se han encarecido

Para el  80,3% [791.000] han aumentado las exigencias de garantías y avales. De este grupo de pymes, al 48,6% [384.000], se le ha requerido garantías de carácter personal.

Para el 52,3% de las pymes [515.000] se ha dilatado el plazo de la respuesta de la entidad financiera a su solicitud en los últimos tres meses. Al 4,8% [47.000] se le ha exigido un plazo de devolución de la financiación más reducido.

Veamos cuales han sido los cambios/mejoras  más destacables:

1.  Elevación de la protección de los contratos de leasing (incluyendo la afectación del bien arrendado) dándole así la misma protección que los contratos de renting.

2. Eliminación de las tasas judiciales para la interposición de demandas por importe inferior a 3.000 euros. En caso de importe superior, sólo deberán abonar tasas por importe de 50 euros.

3. El importe de las tasas judiciales (previamente no), podrá ser incluido en la tasación de costas como gasto necesario para la recuperación. Así pues, dejará de ser un coste irrecuperable.

4. Eliminación de límite cuantitativo máximo que impedía usar el procedimiento monitorio para reclamaciones de importe superior a 250.000 euros (recordemos que el procedimiento monitorio es más económico y ágil que el procedimiento declarativo).

Así pues, podrá reclamarse a través del procedimiento monitorio cualquier deuda independientemente del monto reclamado. Ello no evita la necesidad de que la deuda reclamada cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Es suficiente? ¿crees que hay temas tan o más relevantes que se han dejado en “el tintero”?

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